La ley antiopas es la única esperanza a la que puede asirse Celsa tras el revés judicial recibido el lunes, cuando un juez de lo mercantil decidió dar la propiedad del gigante siderúrgico a los fondos oportunistas que controlan su deuda. Y así lo ha manifestado la compañía, todavía en manos de la familia Rubiralta, en su primer comunicado tras el fallo, en el que asume una sentencia que no es recurrible, pero en el que recuerda que el cambio de manos necesita de “una autorización expresa del Gobierno de España” y subraya que esa decisión “significa la toma de control por parte de inversores extranjeros de una empresa estratégica española”.
Los Rubiralta se agarran al escudo antiopas como última vía para retener Celsa
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