Los juristas ven poco viable la propuesta de Urkullu y dudan de su constitucionalidad

La propuesta de reforma territorial formulada esta semana por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en un articulo en EL PAÍS genera dudas entre los juristas. Algunos constitucionalistas consultados por este periódico la consideran netamente contraria a la Constitución de 1978, mientras que otros señalan que contiene aspectos que podrían explorarse, pero todos coinciden en considerarla poco viable. Urkullu plantea un pacto entre el Estado y las “nacionalidades históricas” (País Vasco, Cataluña y Galicia) para “actualizar la interpretación acordada” del contenido de la Constitución y cambiar el modelo territorial. Ese pacto saldría de una “convención constitucional” que “interpretaría” la Constitución; previamente, todas las partes se comprometerían a reconocer la “plurinacionalidad” de España y la “capacidad de decidir” de esos territorios.

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El ejemplo de Irlanda

Uno de los ejemplos a los que aluden los constitucionalistas para explicar la figura de la «convención constitucional» que menciona Iñigo Urkullu en su propuesta es la creada en Irlanda en 2012 para impulsar reformas de la Constitución. El Gobierno se comprometió a que las recomendaciones de la convención fueran debatidas en ambas cámaras del Parlamento en un plazo de cuatro meses y, si la recomendación era aceptada, se iniciaba un proceso de referéndum ciudadano.  La convención estuvo integrada por 33 políticos y 66 ciudadanos elegidos al azar pero representativos de la sociedad irlandesa (distribuidos por edad, género, lugar de residencia, nivel socioeconómico). La convención se reunió en 10 ocasiones entre 2012 y 2014 para debatir asuntos como la edad para votar, el matrimonio homosexual, la posibilidad de hacer coincidir el periodo presidencial con las elecciones europeas (cinco años) o la de dotar de mayor protección constitucional a determiados derechos sociales, económicos y culturales. 

Antes de cada sesión, uno o varios expertos (profesores, politólogos, constitucionalistas) presentaban los temas que se iban a tratar y asesoraban a los ciudadanos para garantizar un nivel de información similar entre todos. En la votación final de la convención se pidió a sus miembros que propusieran nuevos temas para futuras reformas constitucionales que deberían ser impulsadas por el Gobierno. De ahí salieron propuestas de temas medioambientales, sociales (eutanadia o aborto), sobre la separación de Iglesia y Estado y relativas a la designación de jueces.